La situación judicial que envuelve la figura del jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, respecto a viajes y gastos inmobiliarios que debe justificar frente a la Justicia, fue motivo de discusión en la última sesión del Concejo Deliberante.
El concejal de Fuerza Patria, Juan Manuel Granillo Fernández, a través de un proyecto de Decreto llevó el tema a recinto apelando que el “Concejo Deliberante se pronuncie con toda la firmeza que la gravedad de los hechos exige, en defensa de la ética pública y de la confianza ciudadana en las instituciones de la República”.
En ese sentido, Granillo Fernández opinó sobre los diversos hechos delictivos que se lo acusa al al jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, con gastos que deberá explicar ante la Justicia. “Estos episodios involucran, en primer lugar, la utilización de recursos del Estado por parte de la esposa de Manuel Adorni, quien participó de un viaje institucional en el avión presidencial y se alojó en lujosos hoteles solventados por el erario público” dijo el edil.
Prosiguió que “recursos que pertenecen al conjunto de los argentinos, usados como si fueran patrimonio personal del funcionario. Esta conducta no es un error: es la expresión de una concepción del poder donde el Estado es un botín al servicio de quienes lo conducen” justificó.
En su alocución, el edil explicó antes sus pares la ruta utilizada por Adorni para dejar el país, vía la República Oriental del Uruguay, “con gastos que resultan incompatibles tanto con el nivel de ingresos declarado por Adorni como con su estilo de vida previo al ingreso a la función pública”.
Sumado a esto, Granilla Fernández resaltó la vinculación del funcionario nacional en “operaciones inmobiliarias de naturaleza sospechosa” y relató que “figuran en su patrimonio bienes que no fueron declarados en la presentación inicial al asumir el cargo, siendo incorporados con más de un año de demora respecto del plazo reglamentario”.
A todo esto, para finalizar, el concejal que prosiguió con un racconto de hechos y situaciones sentenció que “estos elementos, tomados en conjunto, describen un patrón de ocultamiento patrimonial que debe ser investigado con toda la profundidad que exige la ley” y cerró que “el Jefe de Gabinete no ha ofrecido ninguna explicación seria ni convincente a la ciudadanía”.