La presidenta del bloque de Fuerza Patria, Josefina Bolis, expuso su preocupación ante la propuesta del Ejecutivo nacional que fomenta la venta de tierras a extranjeros, los incendios intencionales en áreas sensibles y la quita de facultades al Estado para la expropiación. El tema será tratado en el Concejo Deliberante platense.

Días atrás, en el Senado de la Nación comenzó a debatirse un proyecto conocido como “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, por iniciativa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hecho que marcó grandes discrepancias con la opinión del Fuerza Patria.

La discusión llega al recinto platense en donde la concejala, Josefina Bolis, mediante un proyecto de declaración lleva la propuesta para que cuerpo debata sobre el tema y así marcar la preocupación que genera el tema.

Según la concejala, el avance de esta política “vulnera de forma directa la soberanía nacional al desmantelar la protección de las tierras rurales frente a la extranjerización, debilita las facultades del Estado en materia de expropiaciones por utilidad pública y pone en riesgo la preservación de nuestros ecosistemas y los procesos de integración socio-urbana de los barrios populares”.

En lo que refiere a las zonas rurales, el proyecto de ley busca derogar los límites existentes para la compra de tierras por parte de extranjeros. Concretamente, se propone la eliminación del límite del 15% a la titularidad extranjera y del tope de 1.000 hectáreas por propietario.

Asimismo, el proyecto presentado ante el Concejo Deliberante sostiene que esto permitiría que corporaciones transnacionales acaparen bienes comunes estratégicos, sometiendo al suelo argentino a las lógicas del mercado global en lugar del interés nacional.

Josefina Bolis también advirtió sobre las posibles consecuencias en materia ambiental y señaló que la reforma de la Ley de Manejo del Fuego eliminaría las prohibiciones de realizar desarrollos inmobiliarios en tierras incendiadas, vigentes actualmente por plazos de entre 30 y 60 años.

En ese sentido, explicó que “al excluir de esta protección a ecosistemas sensibles como humedales y bosques implantados, la iniciativa fomentaría la provocación de incendios intencionales con fines especulativos, acelerando la deforestación y vulnerando tratados internacionales.

   Finalmente, hizo notar que “en caso de sancionarse esta ley, se le quitaría al Estado su capacidad de actuar en pos de la utilidad pública. A esto se suma el riesgo para los sectores más vulnerables, a partir de la derogación de protecciones fundamentales como la emergencia sociourbana y la prohibición de desalojos en barrios populares”.