Tras la reducción de frecuencias en el AMBA, la Casa Rosada intenta desactivar el conflicto con una reunión clave con el sector.

   El Gobierno nacional convocó a las empresas de transporte para intentar destrabar el conflicto que amenaza con paralizar el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En paralelo, anticipó que depositará fondos en las próximas horas con el objetivo de evitar un paro

   La reunión será encabezada por la Secretaría de Transporte este jueves a las 11, en un contexto de creciente tensión por la reducción de frecuencias que ya comenzó a sentirse en varias líneas.

   "El Gobierno se comprometió a pagar parte de la deuda. Tengamos en cuenta que el monto asciende a 115 mil millones de pesos que se deben desde agosto del año pasado. Durante esta noche se estarán depositando cerca de 56 mil millones", explicó Marcelo Pasciutto, director de CETUBA, en diálogo con Radio 10

El reclamo de las empresas

El conflicto se originó tras un pedido de las empresas para actualizar la estructura de costos y subsidios. En una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, solicitaron que se contemple el nuevo valor del gasoil y se otorgue una compensación adicional.

Según explicaron, el cálculo oficial se basó en un precio del combustible de $1744 por litro, mientras que actualmente estiman que ronda los $1915, lo que genera un desfasaje cercano al 10%.

El PRO platense, socios polítcos de La Libertad Avanza, buscando el rédito político, sacó un comunicado en contra Julio Alak 

Comunicado:

En los últimos días, miles de vecinos de La Plata volvieron a quedar atrapados en un sistema de transporte público que no está a la altura de lo que la ciudad necesita.

En medio de intensas lluvias, la incertidumbre fue total: paradas colapsadas, colectivos que no llegaban y esperas interminables para poder tomar un colectivo y así ir a trabajar, a la escuela o simplemente volver a casa.

Desde el Bloque del PRO le exigimos al Intendente que deje de mirar para otro lado y actúe de manera inmediata: que aplique todo el peso de la Ley, que sancione a las empresas con las máximas penalidades y que dé marcha atrás con la adjudicación de la Licitación del transporte público hasta que el servicio funcione como corresponde.

La situación es insostenible. Las empresas incumplen sistemáticamente, pero el Municipio también falla al no controlar ni hacer cumplir las reglas. Los vecinos de la capital provincial no pueden seguir siendo rehenes de un sistema que no funciona y de un Estado que llega tarde o directamente no llega.