La oposición le planteó al intendente, Julio Alak, que saque del circuito de entregas benéficas a los intermediarios y que avance con un canal de denuncias para identificar a aquellos que utilizan la herramienta social para beneficios propios.

    Así lo hizo saber el concejal del PRO, Nicolás Morzone, quién presentó un proyecto de Ordenanza que va en busca de los intermediarios y así posibilitar que la ayuda que brinda el Estado llegue de manera directa a los beneficiarios.

   El escrito presentado por Morzone establece la creación de “un régimen regulatorio para la entrega directa de beneficios sociales otorgados por cualquier repartición de Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de La Plata.

   Es decir, para la oposición un beneficio social se engloba como “cualquier asistencia, apoyo, servicio, bien o ventaja de al comuna asigne a individuos o grupos de la sociedad con el propósito de mejorar su bienestar o calidad de vida”.

   Con esta ordenanza vigente, el Municipio evitará la participación de terceros intermediarios, representantes de organizaciones sociales y todo tipo de personas físicas o jurídicas de derecho público y privado, que sean ajenas a las autoridades estatales municipales, en los procesos de entrega de beneficios sociales, comentaron desde el PRO.

   Morzone hablo sobre la exclusión de la presente propuesta a “aquellos beneficios sociales que, por sus características, son colectivos y, por tanto, de imposible individualización de sus beneficios.

    Buscando individualizar a los intermediarios, desde el bloque del PRO demandaron crear un canal de denuncias anónimas “respecto a la participación de terceros a la hora de la entrega de los beneficios” y aclaró que “este canal deberá preservar, en todo momento, la identidad y datos personales a fin de evitar represalias”.

    Sobre los motivos que dieron lugar a que presente este proyecto de ordenanza, el joven concejal advirtió que “actualmente, en muchas oportunidades, los beneficios son otorgados y controlados a organizaciones sociales o políticas, que se encargan de hacer las entregas, posibilitando el desvío del beneficio otorgado; consecuentemente violando el derecho de las personas o familias”.

    El edil aclaró que la ordenanza “no busca cercenar el derecho a la asignación, sino que pretende prescindir de la intervención de intermediarios que utilizan esto como una herramienta extorsiva sobre los beneficiarios”.

   Para finalizar, explicó que “a menudo se les exige como condición sine qua nom para el otorgamiento del beneficio, determinados retornos económicos a las organizaciones de las que forman parte, como así también, que ejecuten actos que ponen en riesgo la convivencia democrática”.